En México la brutal desconfianza ciudadana en sus instituciones ha roto el discurso de los políticos y de los gobiernos en momentos en que las familias se ven cotidianamente amenazadas por el secuestro, la extorsión y el robo.
En días pasados el diario Reforma publicó los resultados de una investigación periodística en la que se constata que los datos personales de los ciudadanos registrados ante el Instituto Federal Electoral, IFE, así como los datos personales de clientes de empresas financieras como American Express y Banamex, están a la venta vía internet por unos cuantos dólares.
La investigación de Reforma nos recuerda que la venta de datos personales es una práctica ilegal que se realiza cotidianamente en el país con pleno conocimiento de la policía y de las autoridades de investigación y de justicia.
Ya en abril de 2010 el diario El Universal había constatado la venta de datos personales de los ciudadanos registrados ante el IFE, ante las oficinas de licencias, de los registros de vehículos y ante el extinto Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Celular, Renaut.
Incluso diez años antes nos enterábamos de la aprehensión del director del concesionado Registro Nacional de Vehículos, Miguel Angel Cavallo, quien en realidad era un ex militar de la dictadura argentina ligado a bandas del crimen organizado.
Con estos antecedentes es difícil argumentar en contra de los elevados niveles de desconfianza que muestran los ciudadanos en sus autoridades policíacas y de justicia; pero también en las instituciones y empresas responsables de resguardar los datos personales en momentos en que la inseguridad pública es la mayor preocupación de los mexicanos.
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